La CIDH y el paro nacional

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elaboró un informe sobre lo sucedido en las protestas de octubre de 2019. Tras analizar la situación, el organismo internacional dio a conocer su reporte final en el cual evidenció el uso excesivo de la fuerza –provocado con armas de fuego o con otras armas empleadas de manera desproprocional– debido a las persecuciones, las intimidaciones, los heridos e, incluso, pérdida de vidas durante el paro nacional.

El informe rechaza, a su vez, las agresiones a la fuerza pública y los actos vandálicos durante el paro nacional, e insta a las autoridades a investigar de manera rápida y exhaustiva cualquier denuncia contra particulares.

Esta tarea le corresponde a la Fiscalía General del Estado, debido a que la CIDH supervisa a los Estados mas no puede determinar responsabilidad individual por los hechos. En resumen, confirma la responsabilidad del Estado ecuatoriano, inclinándose a favor de las víctimas y afectados.

Las reacciones negativas hacia el informe no se hicieron esperar y generaron una respuesta contradictoria por parte del Gobierno Nacional. Por un lado, se muestra abierto a los fallos de la CIDH, por otro lado, rechaza su informe y sus recomendaciones calificándolo de sesgado y e infiltrado por el Partido de los Trabajadores de Brasil. Sin cuidar las formas, el Gobierno reaviva la tesis que fue usada durante el correísmo: que la CIDH es un instrumento del “imperio” y protector de los DDHH para los anticorreístas.

La función de la CIDH no es simpatizar con el gobierno de turno, por el contrario, es la de promover, proteger y verificar el cumplimiento de las obligaciones internacionales que el Ecuador adquirió en materia de Derechos Humanos. Sus recomendaciones buscan que el Estado mejore su capacidad de actuar, tanto responsable como equilibradamente, entre el derecho a la protesta y la protección de los bienes públicos y privados sin el uso excesivo de la fuerza. Aspectos que el Gobierno Nacional decide claramente ignorar.